Hoy, 10 de mayo, se celebra el Día del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Cabe reflexionar que es la mejor ocasión para repensar sobre el Patrimonio de la provincia de Valladolid, su conservación y su futuro. Su conservación es obligación de los propietarios y de las administraciones, según el artículo 46 de la Constitución, y siendo como es el patrimonio de todos los vallisoletanos es bueno analizar en qué estado está y qué actuaciones se están realizando.
Tenemos identificados en nuestra asociación más de 2.000 edificios, yacimientos arqueológicos, y bienes muebles, como retablos, órganos históricos, etc., que forman parte de nuestro patrimonio aunque, con seguridad un mejor y exhaustivo inventario hecho con mayores medios que los que posee nuestra modesta asociación aumentaría considerablemente el número.
Hace un mes saltó la noticia del expolio del yacimiento arqueológico de Castrejón de Trabancos, lo que es un ejemplo de las necesidades urgentes para la conservación de todo el patrimonio histórico provincial.
Y, ¿cómo se puede actuar?
Hay cuatro actuaciones posibles. La vigilancia, la legislación protectora, los presupuestos suficientes y el conocimiento ciudadano.
Si bien no es la única figura legal nos centraremos en la más importante que es la declaración de Bien de Interés Cultural (en adelante BIC). Según el catálogo de la junta de Castilla y Leon, tenemos 203 BIC en la provincia de Valladolid. Por poner un ejemplo, tenemos en la provincia los edificios e iglesias románicas de las cuales la mayoría no tienen la declaración de BIC, ¿cómo es posible que este tipo de edificios de la provincia no lo sean careciendo de figura legal protectora?
De nada sirve la declaración si luego no se toman las medidas necesarias para su conservación y mantenimiento. En la actualidad hay 30 bienes patrimoniales en la provincia que están incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra , lista que enumera los bienes que corren el riesgo de desaparecer de no ejecutarse intervenciones e inversiones que eviten su paulatina ruina. Algunos de estos bienes están en la Lista desde hace casi 20 años sin que se haya reparado el problema. Pero mejor es prevenir que curar; literalmente sería atender al refrán de “el que no repara la gotera, repara la casa entera”, resulta imprescindible la existencia de un plan de inspecciones periódicas, al menos dos veces al año por personal técnicamente cualificado, del estado de los edificios e inmuebles por técnicos especializados que detecten los problemas en el momento de iniciarse, reparándolos en ese momento y no esperar a que el edificio amenace ruina y tener que hacer una gran y costosa obra. Lamentablemente, luce mucho mas la foto de una restauración integral, con el coste económico y el riesgo que ello supone, que pequeñas aportaciones al año para evitar tener que “hacerse la foto evitando la ruina inminente”
Poco futuro hay si la Administración no muestra interés en invertir de una manera suficiente para la conservación del Patrimonio Histórico. Para 2024 la Diputación prevé invertir 160.000 € y la Junta de Castilla y León presupuestó en inversiones del Patrimonio histórico, artístico y cultural para toda Castilla y León en sus presupuestos de 2023, 14.370.120 € mientras que nosotros evaluamos que se debería invertir en la provincia de Valladolid al menos unos 2, 5 millones y lo ideal sería unos 5 millones al año.
Otro aspecto es la necesidad de vigilancia y contribuir de forma eficiente a la despoblación para evitar expolios y la inspección metódica anual para supervisar el estado de cada bien patrimonial y proceder al mantenimiento y conservación, difícil es aquí no recordar el reciente expolio del yacimiento arqueológico del yacimiento de Castrejón de Trabancos. Pensamos que siendo una buena labor la realizada por el Grupo de Patrimonio de la Guardia Civil, deberían incrementarse sus efectivos para que se logre una disuasión para evitar en lo posible los expolios.
El artículo 46 de la Constitución obliga a todos los poderes públicos para la preservación del Patrimonio Histórico, pero no parece que se estén dedicando los medios necesarios humanos y materiales.
Otra cuestión es que la priorización en la conservación del patrimonio mira con demasiada frecuencia no a la necesidad de trabajos del inmueble sino a la posible puesta en valor turístico, lo que deja en el abandono a todas las edificaciones que están en pequeños pueblos o en descampados a los que el turismo no llega.
Resumiendo, el futuro del patrimonio histórico es desolador si se siguen sin tomar las medidas legales necesarias y presupuestarias para su conservación y cada año venidero veremos más noticias de más edificios en ruinas, más expolios en yacimientos y la desaparición paulatina de la mayor parte del patrimonio histórico de la provincia.